Grave Situación del Derecho de Autor y Editor en Venezuela
Fuente: Caracas. ANSA
El Congreso de Venezuela excluyó hoy los derechos económicos de la propiedad intelectual, derivados de las marcas y patentes, en un proyecto de reforma constitucional que elabora sobre la base de una propuesta del presidente Hugo Chávez.
El legislador oficialista y miembro de la comisión parlamentaria mixta que estudia la materia, Carlos Escarrá, dijo que en el nuevo articulado se excluyen los derechos derivados de la propiedad intelectual por no representar derechos culturales sino económicos.
Una cosa es inventar y otra cosa son los derechos económicos derivados de la invención. Son dos cosas distintas: una cosa es que uno tenga un hijo y la otra que se explote al niño comercialmente. La explotación comercial capitalista es lo que se está suprimiendo, porque no es un derecho cultural. El derecho cultural es hacer una poesía, hacer una obra de arte- , afirmó.
El abogado constitucionalista, y asesor de Chávez en la reforma, explicó que -los derechos derivados de la invención son derechos económicos- pero estaban en -una errónea ubicación- dedicada a los derechos culturales y educativos dentro de la constitución actual.
Por su parte, el dirigente opositor Gerardo Blyde cuestionó que los diputados incluyan nuevas materias a la reforma de 33 artículos propuesta por Chávez, por considerar que -no está permitido- en las leyes.
-La Constitución no permite eso y que cada materia que pretenda ser reformada necesita al menos tres discusiones. No es verdad que ellos puedan adicionar en esta última discusión nuevas materias, para rematarlas en una vía rápida en una sola discusión, violando el procedimiento constitucional- , aseveró.
El Congreso adelanta la tercera discusión del proyecto para que sea aprobado en noviembre y sometido a referendo popular en diciembre, según los planes oficiales.
La reforma, que está dirigida a implantar el socialismo en el país, contempla la reelección presidencial ilimitada, la creación de milicias populares, la creación de un nuevo -poder popular- derivado de asambleas de ciudadanos, modificaciones a la división territorial-administrativa y la reducción de la jornada laboral a 36 horas semanales, entre otros aspectos.
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